- Reformas anticorrupción duermen mientras se vino otro y gran escándalo.
- Proyectos de ley anticorrupción no avanzan en la agenda legislativa.
- La respuesta al escándalo amerita una estrategia de intervención en diversas áreas vulnerables del Estado.
La “Cochinilla” es el escándalo de corrupción más reciente que se descubrió gracias a una investigación judicial y ha dominado la cobertura de los medios de comunicación en el país en las últimas semanas. Éste y los diversos casos de corrupción que han aparecido periódicamente, evidencian la urgencia de promover y reforzar la lucha contra este flagelo.
En el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2020) los resultados mostraron que Costa Rica continúa estancada en 57 puntos sobre 100. Las causas del estancamiento son diversas, principalmente la falta de continuidad en las iniciativas, y aunque algunas instituciones cuentan con proyectos valiosos, son fragmentados y de poco impacto, dada la ausencia de una estrategia nacional integral y capacidades humanas y financieras escasas.
Los escándalos de corrupción pueden impulsar reformas importantes que han sido postergadas, y es por eso que “desde la Asociación Costa Rica Íntegra insistimos en retomar iniciativas que han esperado por mucho años, y sobretodo impulsar aquellas vigentes en este momento pero que requieren de un mayor compromiso gubernamental, y participación de la ciudadanía” señaló Evelyn Villarreal, Presidenta de Costa Rica Íntegra
En la agenda legislativa se encuentra una larga lista de espera de proyectos que pueden tener un alto impacto en la lucha contra la corrupción, empezando por una reforma integral a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el proyecto de ley de Acceso a la Información, de regulación del Lobby, el reglamento para la aplicación de sanciones por faltas a la ética de los diputados y diputadas, la obligatoriedad de las resoluciones de la Procuraduría de la Ética, entre otros.
En la agenda gubernamental, la prioridad ahora es proceder con la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), un esfuerzo multisectorial por medio del cual, por primera vez, el país contará con una definición en el corto, mediano y largo plazos de acciones normativas, políticas, institucionales, procedimentales y culturales que permitan combatir frontalmente la corrupción y reducir los daños a la gobernanza democrática y a los derechos humanos de la población.
En el marco de estos esfuerzos se debe establecer una entidad pública que lleve el liderazgo en la prevención de la corrupción, de gran capacidad técnica, con la competencia legal y los recursos necesarios para la elaboración e implementación de políticas nacionales. Este es un pendiente exigido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Además, “por la naturaleza del caso Cochinilla, debe ponerse más atención a las recomendaciones generadas en el reciente informe de Transparencia en el Sector Construcción (CoST), que reclama definir y ejecutar un marco normativo específico, que promueva la transparencia y el fácil acceso de sociedad civil a la información en el sector de infraestructura, agregó Andrés Araya, Director Ejecutivo de Costa Rica Íntegra.
Es urgente que las instituciones públicas rindan cuentas de las obras que ejecutan, asimismo, publiquen la información sobre los proyectos siguiendo un estándar de datos que reúna mejores prácticas. La prioridad debe ser fortalecer la trazabilidad de los recursos, dar seguimiento y fomentar la trasparencia en los procesos.
Deben incluirse mecanismos de participación ciudadana en los procesos de compras públicas. “Hay evidencia de que, instrumentos como las veedurías ciudadanas, los pactos de integridad o auditorías ciudadanas son eficaces preventivos contra los actos de corrupción. Muchos de estos no requieren modificaciones legales para utilizarse en proyectos concretos a nivel local o nacional”, enfatizó Evelyn Villarreal, Presidenta de Costa Rica Íntegra.
Se requiere mucho más coherencia con los principios de gobierno abierto y en específico continuar con la implementación del IV Plan de Acción de Estado Abierto. Este contiene un compromiso para mejorar el marco regulatorio de la tramitación de denuncias, particularmente respecto a la garantía de protección de los denunciantes.
No puede limitarse este escándalo al proceso penal y sus resultados, que, por demás, tomarán años. La indignación generalizada debe canalizarse de una manera responsable, enérgica, seria y con carácter de urgencia, por parte de quienes tienen en sus manos reformas pendientes en la arena política, que al final de cuentas son el tipo de decisiones que refuerzan -o no- el apoyo de la ciudadanía a sus instituciones democráticas. Para conocer más acerca de las distintas iniciativas de lucha contra la corrupción en las que trabaja la Asociación Costa Rica Íntegra, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional, puede contactarnos al correo: [email protected] / [email protected]
