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Asociación Costa Rica Íntegra recomienda se tomen en cuenta iniciativas de lucha contra la corrupción en el país

  • Reformas anticorrupción duermen mientras se vino otro y gran escándalo.
  • Proyectos de ley anticorrupción no avanzan en la agenda legislativa.
  • La respuesta al escándalo amerita una estrategia de intervención en  diversas áreas vulnerables del Estado. 

La “Cochinilla” es el escándalo de corrupción más reciente que se descubrió  gracias a una investigación judicial y ha dominado la cobertura de los medios de  comunicación en el país en las últimas semanas. Éste y los diversos casos de  corrupción que han aparecido periódicamente, evidencian la urgencia de  promover y reforzar la lucha contra este flagelo.  

En el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2020) los  resultados mostraron que Costa Rica continúa estancada en 57 puntos sobre 100. Las causas del estancamiento son diversas, principalmente la falta de continuidad  en las iniciativas, y aunque algunas instituciones cuentan con proyectos valiosos,  son fragmentados y de poco impacto, dada la ausencia de una estrategia  nacional integral y capacidades humanas y financieras escasas. 

Los escándalos de corrupción pueden impulsar reformas importantes que han sido  postergadas, y es por eso que “desde la Asociación Costa Rica Íntegra insistimos  en retomar iniciativas que han esperado por mucho años, y sobretodo impulsar  aquellas vigentes en este momento pero que requieren de un mayor compromiso  gubernamental, y participación de la ciudadanía” señaló Evelyn Villarreal,  Presidenta de Costa Rica Íntegra 

En la agenda legislativa se encuentra una larga lista de espera de proyectos que  pueden tener un alto impacto en la lucha contra la corrupción, empezando por  una reforma integral a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el  proyecto de ley de Acceso a la Información, de regulación del Lobby, el  reglamento para la aplicación de sanciones por faltas a la ética de los diputados  y diputadas, la obligatoriedad de las resoluciones de la Procuraduría de la Ética,  entre otros.  

En la agenda gubernamental, la prioridad ahora es proceder con la  implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la  Corrupción (ENIPC), un esfuerzo multisectorial por medio del cual, por primera vez, el país contará con una definición en el corto, mediano y largo plazos de acciones  normativas, políticas, institucionales, procedimentales y culturales que permitan combatir frontalmente la corrupción y reducir los daños a la gobernanza  democrática y a los derechos humanos de la población.

En el marco de estos esfuerzos se debe establecer una entidad pública que lleve el  liderazgo en la prevención de la corrupción, de gran capacidad técnica, con la  competencia legal y los recursos necesarios para la elaboración e implementación  de políticas nacionales. Este es un pendiente exigido en la Convención de  Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).  

Además, “por la naturaleza del caso Cochinilla, debe ponerse más atención a las  recomendaciones generadas en el reciente informe de Transparencia en el Sector  Construcción (CoST), que reclama definir y ejecutar un marco normativo específico, que promueva la transparencia y el fácil acceso de sociedad civil a la  información en el sector de infraestructura, agregó Andrés Araya, Director Ejecutivo  de Costa Rica Íntegra. 

Es urgente que las instituciones públicas rindan cuentas de las obras que ejecutan,  asimismo, publiquen la información sobre los proyectos siguiendo un estándar de  datos que reúna mejores prácticas. La prioridad debe ser fortalecer la trazabilidad  de los recursos, dar seguimiento y fomentar la trasparencia en los procesos. 

Deben incluirse mecanismos de participación ciudadana en los procesos de  compras públicas. “Hay evidencia de que, instrumentos como las veedurías  ciudadanas, los pactos de integridad o auditorías ciudadanas son eficaces  preventivos contra los actos de corrupción. Muchos de estos no requieren  modificaciones legales para utilizarse en proyectos concretos a nivel local o  nacional”, enfatizó Evelyn Villarreal, Presidenta de Costa Rica Íntegra. 

Se requiere mucho más coherencia con los principios de gobierno abierto y en  específico continuar con la implementación del IV Plan de Acción de Estado  Abierto. Este contiene un compromiso para mejorar el marco regulatorio de la  tramitación de denuncias, particularmente respecto a la garantía de protección  de los denunciantes.  

No puede limitarse este escándalo al proceso penal y sus resultados, que, por  demás, tomarán años. La indignación generalizada debe canalizarse de una  manera responsable, enérgica, seria y con carácter de urgencia, por parte de  quienes tienen en sus manos reformas pendientes en la arena política, que al final  de cuentas son el tipo de decisiones que refuerzan -o no- el apoyo de la  ciudadanía a sus instituciones democráticas. Para conocer más acerca de las distintas iniciativas de lucha contra la corrupción  en las que trabaja la Asociación Costa Rica Íntegra, Capitulo Nacional de  Transparencia Internacional, puede contactarnos al correo:  [email protected] / [email protected]

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