Skip to content Skip to footer

Bicentenario sin derecho pleno de Acceso a la Información

Hoy 28 de setiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información,  también llamado del Derecho a Saber. Lamentablemente Costa Rica es uno de los  cuatro países latinoamericanos, que no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a  la Información. Aprovechando la fecha, las organizaciones firmantes quisimos  llamar la atención sobre esta deuda país. 

Pese a que el país se ha comprometido internacionalmente en diversos convenios  a legislar sobre esto, a que el Presidente de la República lo prometió en su plan de  gobierno (página 27 de Plan de Gobierno de Carlos Alvarado) y a múltiples  proyectos de ley que se han presentado a la Asamblea Legislativa, incluso después  de extensos procesos de co-creación y consulta, llegamos al bicentenario sin el  instrumento legal adecuado para garantizar este derecho humano fundamental.  Esta es una norma indispensable para ordenar procedimientos diferentes en cada  oficina y establecer un régimen sancionatorio a los funcionarios públicos que  violenten este derecho. Todo ello sin retroceder los estándares garantistas que ha  establecido la Sala Constitucional al respecto. 

Hoy en día el derecho de acceso a la información pública se fundamenta en los  artículos constitucionales 11, 27 y 30, en normativa dispersa y en los argumentos  legales de la jurisprudencia costarricense, especialmente de la Sala  Constitucional. Pero ello no constituye el marco específico y especializado que  daría una plena vigencia al derecho y no exime a Costa Rica de la necesidad de  discutir y aprobar un proyecto de Ley que regule claramente el acceso a la  información, garantizando el principio de no regresividad de los derechos humanos,  ya que los derechos regulados en esta normativa se verían asegurados en el  tiempo, fortalecidos y expandidos con la existencia de dicha Ley. 

Pese a la creciente cantidad de información que la administración pública hace de  conocimiento de la ciudadanía, lo cierto es que las mediciones específicas no  muestran mejoría. En el 2019, en la Encuesta de Percepción de Transparencia en  el Sector Público realizada por la Contraloría General, el 85% de la ciudadanía  consideró que el sector público no comunica bien y 71% dijo que no es transparente.  Las solicitudes de petición o de pronta resolución son de los casos que más  frecuentemente se reclaman ante la Sala Constitucional. 

Otros indicadores relacionados como el Índice de Transparencia Legislativa, el  Índice de Transparencia del Sector Construcción y el Índice de Transparencia del  Sector Público presentan varios pendientes en cuanto acceso a la información en  estas áreas.

Insistimos vehemente ante las autoridades en la impostergable necesidad de  incrementar los niveles de transparencia y apertura que muestra la institucionalidad  pública, para ello no solamente se requieren los mecanismos jurídicos, sino también  mejoras administrativas y tecnológicas que pueden generar avances importantes en  esta materia. Un reto pendiente es la apertura de datos, con inclusión de criterios  de multilingüismo, diversidad y personas con discapacidades.  

En el quehacer inmediato, una tarea urgente es monitorear la implementación del  Decreto Ejecutivo No. 43200 y la Directriz No.073, del 2017, en el que se establecen  unos mínimos estándares para el acceso a la información y la transparencia  proactiva, aunque solo aplica para el Gobierno Central. En un seguimiento externo  a estos decretos por parte de sociedad civil realizado en 2018, se encontró que en  un tercio de las 112 instituciones estudiadas, todavía no nombraban a los Oficiales  de Acceso a Información y que sólo una entidad pública cumplía en un 100% sus  obligaciones de transparencia activa. Además de que persiste poca capacitación de  funcionarios y ciudadanos sobre el ejercicio de este derecho, todo lo cual significa  que todavía falta mucho trecho para una cultura de apertura en las entidades  públicas. 

Por parte de la ciudadanía, es necesario que se mantenga alerta y exigente de este  derecho en su interacciones con las instituciones públicas. Aún sin Ley de Acceso,  se cuenta con instrumentos que se deben utilizar en mayor medida como por  ejemplo las oficiales de acceso a la información, los eventos de rendición de cuentas  de las entidades, observatorios ciudadanos, la Estrategia Nacional de Integridad y  Prevención de la Corrupción (ENIPC) y el sistema de orientación virtual sobre  acceso a la información (SOVAI) que brinda cartas modelo y acompañamiento en  línea a las personas que quieran ejercer su derecho a saber, mecanismos de  impugnación y enlaces para dirigir sus quejas. 

Costa Rica llega al bicentenario sin que la ciudadanía cuente con un instrumento  legal que le garantice plenamente el derecho al acceso a información, sin que esté  sujeto a interpretaciones casuísticas. Es un derecho fundamental para el desarrollo  pleno de una sociedad democrática y transparente, y vital para la lucha contra la  corrupción y la rendición de cuentas de las autoridades. 

Firmantes: 

  • Abriendo Datos 
  • ACCESA 
  • Costa Rica Íntegra 
  • Iplex 
  • Ojo al Voto 
  • Poder Ciudadano 
  • PROLEDI 
  • Territorios Seguros
  • Fundación Sordos con Vos 
  • Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad Visual (ACOPEDIV)
  • Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica ADS

Leave a comment

0.0/5

Únase a la conversación en las redes sociales

A menos que se indique lo contrario, el contenido de este sitio web cuenta con una licencia CC BY-ND 4.0.

Objetivo: Fortalecer, desde la sociedad civil, un sistema de integridad nacional que articule iniciativas públicas y privadas, buenas prácticas nacionales e internacionales, en la promoción de la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.

Dirección: Plaza La Carpintera, Local N°16, Pinares de Curridabat. 500 este Antigua Galera

Correo electrónico: [email protected]

Colabore con CRI

Con tu donación nos estás ayudando a mejorar la transparencia y combatir la corrupción en Costa Rica.

Cuentas IBAN en el BAC
Colones:

CR 9101 0200 0094 1249 3697
Dólares:
CR 9601 0200 0094 1249 3510

Cuentas IBAN en el BCR
Colones:

CR 9101 0200 0094 1249 3697
Dólares:
CR 9601 0200 0094 1249 3510

© Costa Rica Íntegra 2024. Algunos derechos reservados.