- Costa Rica Íntegra brinda su herramienta denominada el sistema de orientación virtual sobre acceso a la información (SOVAI) para asesorar a las personas que quieren ejercer su derecho a saber
- Insistimos a la institucionalidad pública, incluyendo todos los poderes, que de manera contundente continúe mejorando la apertura y la rendición de cuentas de su gestión
San José, 18 de mayo 2022.
La transparencia es un principio fundamental para el desarrollo pleno y equitativo en una sociedad democrática, con un robusto Estado de Derecho, y vital para la lucha contra la corrupción.
Como derecho humano el acceso a la información tiene garantizado el principio de no regresividad de los derechos humanos, ya que le corresponde al Estado vigilar y tomar las medidas para asegurar en el tiempo, que este acceso sea fortalecido y expandido. Es por ello que no es de recibo ningún tipo de acto, declaración, intimidación, ni siquiera intento de que retroceda en los estándares de apertura gubernamental.
Las personas costarricenses tienen reconocido el derecho de acceso a la información pública en los artículos constitucionales 11, 27 y 30, en un marco jurídico que incluye el derecho de petición, libertad de información, participación ciudadana, y una abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional. Las personas servidoras públicas, por su parte, tienen el deber de informar, de rendir cuentas y hacerlo de manera oportuna y completa, como parte integral de sus funciones.
Pese a la creciente cantidad de información que se hace de conocimiento de la ciudadanía, permanecen algunos silos de gran opacidad y muchas dificultades para lograr una efectiva apertura, como quedó demostrado en sendas notas periodísticas el día de ayer, surgidas de la Corte Suprema y de la Casa Presidencial. Costa Rica tiene muchos retos para implementar efectivamente el derecho humano de acceso a la información. Para empezar, es uno de los tres países latinoamericanos, que no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información, pese a que se ha comprometido en convenios internacionales, y cuyo último intento fue vetado hace unas semanas. A falta de esta normativa general, una tarea urgente es fortalecer la implementación efectiva del Decreto Ejecutivo No. 43200 y la Directriz No.073, del 2017, en el que se establecen unos mínimos estándares para el acceso a la información y la transparencia proactiva.
Se pierde congruencia entre los documentos aprobados de Estado Abierto, Justicia Abierta, Asamblea Abierta, etc., cuando la práctica y la cultura organizacional no han sido intervenidas para incrementar los niveles de apertura. Hace falta capacitación al personal público y la ciudadanía, publicidad proactiva, mejoras administrativas y tecnológicas que pueden generar avances importantes en esta materia. Un reto pendiente es la apertura de datos, con inclusión de criterios de multilingüismo, diversidad y personas con discapacidades. En fin, es urgente dar muestras de un creciente cumplimiento del derecho de acceso a la información, para ello no solamente se requieren los mecanismos jurídicos, sino también voluntad política y presencia discursiva desde el más alto nivel de jerarquía.
Hacemos un atento llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta y exigente de este derecho en su interacciones con las instituciones públicas. Aún sin Ley de Acceso, se cuenta con instrumentos que se deben utilizar en mayor medida como las oficialías de acceso a la información, las contralorías de servicios, las auditorías internas, los órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría de la Ética Pública, entre otros, que brindan acompañamiento y canales de denuncias si su derecho de acceso a la información ha sido limitado por el personal de una institución pública.
Costa Rica Íntegra le brinda a la ciudadanía su herramienta denominada el sistema de orientación virtual sobre acceso a la información (SOVAI) que brinda cartas modelo y acompañamiento en línea a las personas que quieran ejercer su derecho a saber, mecanismos de impugnación, asesoría y enlaces para dirigir sus quejas.
Finalmente, reiteramos el llamado a la nueva administración para apoyar la implementación de la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC 2021-2030), la cual incluye como uno de sus ejes prioritarios el acceso a la información y la rendición de cuentas, como un primer paso serio y validado para disminuir la corrupción.
Para mayor información contactarse con:
- Jessica Castañeda [email protected]
- Www.costaricaintegra.org
- Email: [email protected]
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