Hacemos un llamado al gobierno británico, como Presidencia de la COP 26, y a todos los países del mundo a dar comienzo a una nueva era de verdadera transformación. Una nueva era en la que se superen los vicios del pasado y la colaboración y la solidaridad entre naciones primen para hacer frente a las realidades que nos han mostrado el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) sobre la insuficiencia de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para estabilizar las emisiones y salvaguardar el límite de 1.5oC del Acuerdo de París. Una era en que el objetivo común sea acelerar la adaptación a los impactos adversos del cambio climático, dándole tanta importancia como a la mitigación, y redoblando los esfuerzos para apoyar a las naciones más vulnerables a crear resiliencia y prosperidad.
La atención de la emergencia climática requiere de todos los sectores y actores, sin embargo, es fundamental que de camino a la COP 26 haya una clara muestra de parte de todas las naciones del mundo para acelerar la alineación y hacer consistentes los flujos financieros con una trayectoria de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Los costos del cambio climático son cada vez mayores, así como las pérdidas y los daños. En respuesta a la urgencia, la COP 26 debe presentar una agenda transformadora para financiar la acción climática en los países que más lo necesitan.
Esta agenda debe atender los retos que trae consigo el cumplimiento del Acuerdo de París, las crecientes vulnerabilidades por choques sistémicos como el COVID-19 y los inminentes impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas alrededor del mundo. El tiempo se ha agotado para los procesos largos e inciertos. Los mecanismos financieros de la CMNUCC, el sector financiero y el sector privado en general deben asociarse con un espíritu unificado para abordar las necesidades actuales. El financiamiento puede ser el facilitador, pero también el obstáculo para una acción urgente necesaria para hacer frente a la crisis climática y a los conflictos sociales resultantes. Por ende, el financiamiento debe transformarse de manera pragmática en flujos urgentes y esenciales para los países en desarrollo, sin condicionamientos, ni obstáculos.
La meta de transferir 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 por parte de países desarrollados a países en desarrollo no se ha cumplido a cabalidad, pero su cumplimiento es fundamental para reconstruir la confianza en el proceso multilateral. Sin embargo, es una meta insuficiente y totalmente inadecuada para hacer frente a la aceleración de los impactos climáticos y a las crecientes necesidades de los países en desarrollo. Además, más allá de las cifras, la entrega de recursos se ha realizado de forma poco efectiva y muy lejos de los principios de justicia climática, con consecuencias como el incremento de la presión de la deuda sobre los países en desarrollo que limita aún más su capacidad fiscal, fuertemente afectada ya por la pandemia. En este sentido, la COP26 debe contribuir a cambiar el paradigma del financiamiento climático hacia formas más eficaces y justas de cooperación y colaboración.
La recopilación de compromisos de financiamiento publicada recientemente por la Presidencia de la COP26 deja en evidencia la falta de claridad en cuanto a la dimensión, temporalidad y forma de entrega de los recursos, generando un nivel de incertidumbre que no permite consolidar los lazos de confianza. El cumplimiento de la meta de los 100 mil millones no es sólo una obligación moral de los países desarrollados, es parte de su responsabilidad y es un punto de partida básico para que los países en desarrollo puedan responder a los crecientes impactos sociales y de desarrollo derivados del cambio climático a los que tienen que hacer frente, y contribuir a la estabilidad financiera mundial. La falta de acción también afectará a los países desarrollados en el mundo altamente interconectado de hoy. Por ello, los 100 mil millones son el punto de partida para movilizar más inversiones y eventualmente transformar todos los flujos de financiamiento.
En este contexto, para asegurar avances en cuanto a financiamiento climático en la COP 26 y de cara a futuros procesos, se deben tener resultados significativos en al menos los siguientes temas:
1. Financiamiento desde y para la justicia climática: El financiamiento para la atención del cambio climático debe asegurar el respeto a los derechos humanos, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos intergeneracionales, asegurar la equidad de género y lograr acortar las brechas e inequidades existentes entre los países. La COP 26 debe marcar un antes y un después para la cooperación y el financiamiento, pasando de una visión condescendiente a una visión solidaria, basada en la justicia para todas y todos, y en particular para las poblaciones más vulnerables.
2. Cumplimiento y aumento de la meta de los 100 mil millones de dólares: Es fundamental dar cumplimiento al plan de entrega de los 100 mil millones de dólares anuales, que deben entregarse de 2020 a 2024. Dicho plan debe dar claridad sobre los montos, medios y tiempos en que se desembolsarán los recursos y asegurar que se alcanzará un mínimo de transferencia de 500 mil millones para el periodo de 2020-2024, como lo han solicitado las naciones del V20.
3. Balance global y de financiamiento: Se debe asegurar que tanto los 100 mil millones de dólares pendientes, las operaciones bilaterales y multilaterales y la nueva meta de financiamiento climático aseguren un balance 50/50 de financiamiento para la mitigación y la adaptación, o incluso un porcentaje mayor en adaptación para las naciones más vulnerables, y que su distribución y efectividad sean medibles, reportables y verificables.
4. Incremento y predictibilidad del financiamiento para adaptación: La COP 26 debe marcar un hito de financiamiento para la adaptación, incrementando los compromisos bilaterales y multilaterales que hoy siguen desproporcionadamente dirigidos a la mitigación. En el marco de la COP 26 es imprescindible que los mecanismos de mercado incluidos en el Artículo 6 del Acuerdo de París, tengan como objetivo asignar de 5 a 10% de beneficios a los esfuerzos de adaptación. Para ello es necesario fortalecer la operación y suministro de recursos (incluidos recursos provenientes del artículo 6, pero no exclusivamente) para todos los fondos multilaterales climáticos, en particular para el Fondo de Adaptación.
5. Financiamiento para pérdidas y daños: Se debe consolidar un mecanismo financiero para atender las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático, en particular para países más vulnerables. La COP 26 debe proporcionar orientaciones precisas a los mecanismos financieros de la CMNUCC para que también desarrollen y aceleren los mecanismos de apoyo en este sentido.
6. Mejoras en el acceso directo y desde lo local: La COP 26 debe mandatar a los mecanismos financieros multilaterales que hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales, creando ventanas de emergencia ante crisis como la de la pandemia del COVID19. Fondos como el Fondo Verde del Clima, no pueden seguir operando como un cuello de botella, y beneficiando solo a los Banco Multilaterales de Desarrollo, con mínimos beneficios locales.
7. Descarbonización de las finanzas públicas: Los países en desarrollo, como los países desarrollados, deben acelerar la descarbonización de sus finanzas públicas, para lo cual necesitan reducir su dependencia a ingresos intensivos en carbono, como los provenientes de las concesiones mineras y petroleras y la venta de gasolinas y diesel. Un paso fundamental hacia ese objetivo es diversificar los ingresos, promoviendo inversiones nacionales que apoyen una transición económica que genere nuevos empleos y, por tanto, nuevos ingresos para invertir en las necesidades nacionales y locales.
8. Reestructuración y canje de deuda por protección a la vida: Los países en desarrollo tienen grandes presiones debido al pago de la deuda externa que se ha incrementado de manera sustantiva en los últimos años, particularmente en el contexto de la pandemia. Las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados deben facilitar la reestructuración de la deuda, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática y mecanismos de garantía que permitan a los países en desarrollo invertir dichos recursos en la reducción de emisiones y el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas y todos los medios de vida para el beneficio mundial.
9. Nueva meta de financiamiento basada en necesidades: Las necesidades reales de los países en desarrollo, informadas por el último reporte del IPCC y por procesos nacionales integrales para estimar y caracterizar los costos de la acción, deberán ser la base para la definición de la nueva meta de financiamiento climático hacia 2025 o antes, teniendo en cuenta las NDC, los Planes de Prosperidad Climática, las estrategias a largo plazo y otros planes nacionales. La COP 26 debe establecer la hoja de ruta y los principios bajo los cuales se definirá la nueva meta, que deberá ser multidimensional y considerar los costes económicos y sociales del cumplimiento del Acuerdo de París. La meta debe considerar las necesidades de recursos públicos y privados, así como las necesidades para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños. La cifra será importante, pero igual de importante es contar con un proceso integral y transparente que, en última instancia, se traduzca en acceso efectivo, rápido y a escala para los países y comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático.