COVID-19 no es motivo de restricciones al derecho de acceso a la información
Este Día Internacional del Derecho a la Información, pedimos a todos los gobiernos y autoridades públicas que garanticen que la crisis de COVID-19 en curso no sea un pretexto para limitar el derecho de los ciudadanos a la información. Los procesos jurídicos y prácticos para acceder a la información deberían ahora restablecerse a niveles pre-pandémicos e incluso mejorarse.
El intercambio transparente y oportuno de la información con el público, tanto de forma proactiva como reactiva, es crucial para proteger la salud pública, prevenir la corrupción, salvaguardar las instituciones democráticas y mejorar la formulación de políticas y decisiones. Sin embargo, más de seis meses después de la declaración de la pandemia, mientras que muchos gobiernos han encontrado formas de volver a las operaciones normales a pesar de los desafíos creados por la pandemia, las solicitudes de acceso a la información siguen retrasadas o rechazadas. La información crucial sobre la pandemia y cómo los gobiernos están utilizando los fondos públicos no está disponible para el público en muchos lugares. Esto menoscaba los derechos de los ciudadanos a acceder a la información, participar en el discurso público y exigirle a su gobierno que sea responsable.
En muchos países, las preocupaciones legítimas de salud pública significan que se están reduciendo los derechos a reunirse y moverse libremente. Se están restringiendo otros procesos democráticos, como las reuniones en persona con y entre representantes electos. La capacidad de los medios de comunicación y de la sociedad civil para viajar libremente para denunciar, documentar y exponer el abuso de poder también se está reduciendo gravemente. En estas circunstancias, el acceso a la información pública se vuelve aún más crítico.
El acceso a la información es una herramienta clave para que los periodistas de investigación y las ONG supervisen el trabajo de las instituciones gubernamentales. Con ejemplos generalizados de corrupción y políticas limitadas, a menudo no inclusivas, que socavan las respuestas y recuperaciones COVID-19 en todo el mundo, los gobiernos abiertos y transparentes son ahora más necesitados que nunca. La ayuda humanitaria y billones de dólares de financiación de emergencia no deben dejarse abiertos a abusos mientras los ciudadanos permanezcan en la oscuridad sobre su uso y asignación.
Las lecciones aprendidas de los primeros seis meses de la pandemia muestran que la confianza en los funcionarios públicos es crucial para que las respuestas dirigidas por los gobiernos minimizan el impacto del COVID-19 en las vidas de los ciudadanos. Esta confianza se perderá si los gobiernos no comparten abiertamente información con los ciudadanos, socavando así el cumplimiento de las directivas de salud pública y otras medidas para detener la propagación de la enfermedad.
Los ciudadanos no pueden participar en la gobernanza sin acceso a la información. El acceso a la información es esencial para empoderar a los ciudadanos para exigirle a los gobiernos que rindan cuentas. La libertad de prensa, la libertad de expresión y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden garantizarse sin acceso a la información.
A medida que los países (re)introducen restricciones a la vida pública debido a COVID-19, la preparación para tales medidas siempre debe incluir mecanismos que permitan la continuación de las funciones gubernamentales que son cruciales para los derechos democráticos de los ciudadanos. No debe pasarse por alto el acceso del público a la información de la que son legítimos propietarios y que éste sea sin obstáculos.
Los gobiernos deben restablecer inmediatamente las leyes y los sistemas prácticos para aplicar el acceso a la información a los niveles pre-pandémicos y mejorarlos de conformidad con las normas y mejores prácticas internacionales.
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Centro para el Derecho y la Democracia