La corrupción es un mal difícil de erradicar. Sabemos que uno de los elementos más críticos y que dificulta enormemente el combate de este flagelo es que sus actores actúan en las sombras, fuera del ojo público y se amparan en el desorden administrativo para no documentar, guardar estricto sigilo o “traspapelar” los papeles o registros electrónicos que permitan establecer la trazabilidad de sus decisiones y actuaciones.
No en vano Norberto Bobbio concebía la democracia como “el gobierno de lo público en público”, para dar a entender que cada persona como soberana de un país tiene la potestad de conocer qué hacen sus representantes con los recursos públicos que proporciona con el pago de sus tributos para la consecución del bien común y debatir si la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos obedece al interés público, o por el contrario, responde a un interés personal o al de un grupo que pretende colocarse por encima del interés de la colectividad.
Por eso, para comenzar a arrancar la corrupción de las prácticas viciadas de las organizaciones públicas es indispensable hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información pública sacando a la luz lo que estaba escondido, mediante la divulgación y uso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico proporciona a toda persona para obtener la información de interés público que le incumbe.
Costa Rica Íntegra ha venido insistiendo ante las autoridades públicas en la impostergable necesidad de incrementar los niveles de transparencia y apertura que muestra la institucionalidad pública, así como en los mecanismos jurídicos, administrativos y tecnológicos que pueden generar mejoras importantes en esta materia.
Es por ello que en el año 2017, en el marco del II Plan de Acción de Gobierno Abierto tomamos parte activa en dos tipos de iniciativas legales generadas desde la Comisión Nacional de Gobierno Abierto: una, la redacción y discusión de un proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información, y dos, propusimos al Poder Ejecutivo un borrador mártir de decreto ejecutivo con el fin de establecer medidas infra-legales capaces de impulsar el principio de transparencia pública y derecho de acceso a la información en las instituciones descentralizadas y descentralizadas de nuestro país, esfuerzo que fructificó a mediados del año 2017 con la promulgación Decreto Ejecutivo No. 43200 y la Directriz No.073.
¿Qué aportan ambos instrumentos jurídicos?
En un país como Costa Rica, en donde somos uno de los cuatro países de la región que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública y han fracasado las múltiples iniciativas legislativas para dotar a la nación de ese instrumento, era necesario idear mecanismos de valor jurídico, aún y cuando fuesen infra-legales, con el fin de implementar medidas apropiadas para lograr avances significativos en esta materia.
En la era tecnológica en que vivimos, la angustia por las presas en las carreteras y ante la pérdida valiosa de tiempo, el primer aporte a destacar es que dicho decreto obliga a las entidades públicas a crear un correo electrónico –art.11- para tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía, de modo que por esa misma vía se puedan enviar al peticionario los datos o información pública que le interesa, sin perjuicio de acudir a las otras vías, incluyendo apersonarse a las instalaciones respectivas.
Además, un avance sustancial de este decreto es establecer obligaciones de transparencia activa –art.17-, es decir, la obligación de una entidad de publicar cierta información enumerada en dicho ordinal, con el consecuente régimen de sanción derivado de su incumplimiento, superando el sistema actual voluntario de buenas prácticas contenido en el Índice de Transparencia del Sector Público costarricense que impulsa la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de Capacitación en Administración Pública de la UCR, lo que reafirma la necesidad de que los poderes y entidades públicas no abarcados por éstas normativas lo estatuyan a lo interno.
Tenemos que ir hacia una plataforma o portal único de transparencia para todo el sector público. Como ciudadano uno soñaría con la creación a futuro de portal nacional de acceso a la información, como la tienen otros países de la región, en donde quien requiera una información pública acuda a un único sitio web, el cual lo enlaza automáticamente con la entidad de su interés, para hacer el requerimiento de información respectivo y recibir su respuesta electrónicamente, e incluso la misma plataforma podría contener los mecanismos de impugnación que también prevé el decreto, ante la denegatoria de la información, así como para plantear una queja ante el Oficinal de Acceso a la Información – por cualquier retardo, o barrera o incumplimiento injustificado al ejercicio de su derecho y recibir la resolución del caso.
¿Cuál ha sido el cumplimiento efectivo de dichos instrumentos legales para facilitar el derecho humano de acceso a la información en su primer año de vigencia?
Costa Rica Íntegra en alianza con la Escuela de Administración Pública realizó en el cuarto trimestre del año 2018 un estudio para determinar el nivel de cumplimiento efectivo de algunos de los aspectos más importantes regulados tanto por el Decreto Ejecutivo No. 40200 y la Directriz 073.
Se encontró que persisten grandes barreras y obstáculos para acceder a la información pública en la gran mayoría de las 112 instituciones estudiadas, que todavía no se ha nombrado a un tercio de los Oficiales de Acceso a Información y que sólo una entidad pública cumple en un 100% sus obligaciones de transparencia activa, además de que persiste poca capacitación de funcionarios y ciudadanos sobre el ejercicio de este derecho, todo lo cual significa que todavía falta mucho trecho para una cultura de apertura en las entidades públicas.
Los resultados preliminares de dicho estudio pueden ser consultados en la dirección www.costaricaintegra.org
Lo importante es que seguiremos en este empeño por incrementar la transparencia y para ello ahora se cuenta con un Servicio de Orientación Virtual sobre Acceso a la Información a disposición de la ciudadanía en forma gratuita, del cual comentaremos en el próximo blog.
“Un pueblo que quiere ser soberano debe procurarse el poder que le facilita el conocimiento”
(Madison, 1822)